La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

El pasado día 23 de Junio fue publicada en el B.O.E. la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Entrará en vigor el 23 de diciembre próximo.

La novedad más destacable ha sido la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La nueva reforma supone la superación definitiva del principio societas delinquere non potest.

Ámbito de aplicación: No se establece con carácter general para cualquier tipo de delitos, sino sólo en los supuestos previstos en el código penal.

Requisitos y Legitimación activa:

1º.- Que los delitos sean cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, por cualquiera de las siguientes personas:

  • Representante Legal.
  • Administrador de hecho o de derecho.
  • Por quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriores, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

Comentario: Habrá que entender, interpretando “a sensu contrario” el precepto legal, que si una empresa se ha dotado de sistemas de autorregulación y protocolos de actuación para adecuarse y poner en acción sus valores éticos, atajando conductas indeseadas –ya sea de sus directivos o de sus empleados— ejerciendo por lo tanto el “debido control” sobre sus trabajadores, no incurrirá en este tipo delictivo, circunstancia que requerirá la correspondiente prueba que acredite su debida aplicación, lo que en la práctica judicial no resultará siempre fácil. Estos protocolos son lo que en la práctica del Derecho anglosajón se conoce como corporate compliance.

2º.- Que tales delitos hayan sido cometidos en provecho de la persona jurídica.

Ejemplo: Si el Director de una entidad bancaria, actuando en nombre de la misma, defrauda a sus clientes en beneficio propio, el banco no será responsable penal del delito de estafa cometido por el Director de esa sucursal, sin perjuicio de que si será responsable civil subsidiario por el delito cometido por ese trabajador.

Si el Director de la entidad bancaria, actuando en nombre de la misma, estafa a sus clientes en beneficio propio y además en beneficio de la entidad financiera, ésta también será responsable penal por el delito de estafa, y será igualmente responsable civil directa.

3º.- Se excluye de este precepto:

  • Al Estado
  • A las Administraciones Públicas territoriales e institucionales
  • A los Organismos Reguladores
  • A las Agencias y Entidades Públicas Empresariales.
  • A los partidos políticos y sindicatos
  • A las Organizaciones Internacionales de Derecho Público.
  • A las que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas
  • Cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Salvo en aquellos casos en los que los órganos judiciales entiendan que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una responsabilidad penal.

Circunstancias atenuantes:

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) CONFESIÓN: Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) COLABORACIÓN: Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) REPARACIÓN DEL DAÑO (Indemnización) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

Comentario: Cuando se imputa un delito a una personas física, no se aplica la atenuante de reparación total o parcial del daño, cuando la indemnización abonada a la víctima o a sus herederos ha sido abonada por la correspondiente Compañía Aseguradora. Siguiendo este mismo criterio, tampoco se apreciará en las personas jurídicas cuando medie indemnización del seguro. Por lo tanto, en todo caso, es recomendable que cualquiera que sea la procedencia del importe de la indemnización que se abone a la víctima del delito o a sus herederos, lo realice la persona jurídica, desde su propio patrimonio, efectuando las gestiones necesarias para que así conste en la contabilidad de la empresa. De lo contrario, el pago directo de la indemnización por parte del seguro que en su caso hubiera asumido la responsabilidad civil por daños y perjuicios no tendrá ningún valor como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

Por otra parte, esta nueva normativa exigirá LA REVISIÓN DE TODAS LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, para ajustarlas a la nueva normativa que entrará en vigor a finales de este año.

d) SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Penas aplicables:

Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

a) Multa (el pago se puede fraccionar)

Multa por cuotas: Tendrá una extensión máxima de cinco años, con una cuota diaria mínima de 30 € y máxima de 5.000 €.

Proporcional: al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida. Cuando no sea posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

1) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

2) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

3) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Para la aplicación de estas penas hay que estar a lo dispuesto en el nuevo artículo 66 bis, al que me remito (consecuencias económicas y sociales –sobre todo para los trabajadores– reincidencia, prevención…)

Subsistencia de la responsabilidad penal:

La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida, y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión.

El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

Responsabilidad civil: La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el art. 110 de este Código (1º.- Restitución 2º.- Reparación 3º.- Indemnización) de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.

Delitos en los que puede incurrir una persona jurídica:

Art. 156 bis CP: Tráfico ilegal de órganos humanos.

El artículo 173.1 ha sido modificado, introduciendo expresamente el delito de acoso laboral, pero no contempla la condena a la persona jurídica.

Art. 177 bis: Trata de seres humanos.

Art. 189 bis: Prostitución y corrupción de menores.

Art. 197: Descubrimiento y revelación de secretos.

Art. 251 bis: Estafas (Ojo a la estafa procesal: Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.)

Art. 261 bis: Insolvencias punibles (Alzamiento de bienes)

Art. 264: Delito de daños

Art. 288: Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Art. 302.2: Recepción y blanqueo de capitales.

Art. 310 bis: Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

IMPORTANTE: No se imputa delito alguno a las empresas en los casos de delitos contra los derechos de los trabajadores derivados de accidente laboral (Se mantiene la anterior doctrina sobre prevención de riesgos laborales)

Art. 318 bis: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (inmigración clandestina, explotación sexual…)

Art. 319: Delitos sobre la ordenación del territorio.

Art. 327 y 328: Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Art. 343: Delitos relativos a las radiaciones ionizantes.

Art. 348: Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes.

Art. 369 bis: Cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Art. 399 bis: Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.

Art. 427: Cohecho.

Art. 430: Del tráfico de influencias.

Art. 445: Corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Art. 570 quáter: Organizaciones y grupos criminales.

Art. 576 bis: Delitos de terrorismo.

De todos modos, será la jurisprudencia de los Tribunales creada como consecuencia de la aplicación de la Ley en los casos concretos, la que determinará con mayor precisión el alcance de esta reforma del código penal, que supone un cambio radical en la concepción de la imputación del delito, que antes de esta reforma quedaba limitada exclusivamente a las personas físicas, y que ahora se extiende, de forma limitada, también a las personas jurídicas.

Y otra cuestión jurídica muy interesante será la aplicación práctica de las sentencias condenatorias impuestas a las personas jurídicas.

(José María Albors Camps, Coordinador del Departamento de Dº Civil y Penal de Monfort & Bonell Abogados )

2 comentarios to “La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas”

  1. Juan José Monahan Says:

    Pienso que para acreditar la responsabilidad penal de un representante legal de una entidad bancaria, en la falsificación de tarjetas de débito y crédito, cuando hay indicios razonables que, esas pudieron haber sido clonados por personal del banco, es necesario, demostrar en un proceso penal, la debilidad de los controles internos de parte de la entidad bancaria, a saber, falta de una regulación estricta y supervisada de los contratos de arrendamientos de los cajeros automáticos, cuando no son de la entidad bancaria, establecer si dichos cajeros automáticos cuentan con cámaras de seguridad, por lo menos, establecer que regulación bancaria existe para el uso de esos cajeros, establecer que fiscalización efectúa el ente fiscalizador, o sea la Superintendencia de Bancos, y establecer la falta o debilidad y deficiencia de otros controles internos y externos en las operaciones de retiros de fondos. Pues, será imposible demostrarle al tribunal, materialmente, que una de esas tarjetas fue clonada. Los bancos deben asumir su responsabilidad, pues saben que están usando una cosa riesgosa, como lo son los cajeros automáticos.

    • monfortbonell Says:

      En primer lugar, Juan José, muchas gracias por tu interesante comentario y por participar en nuestro blog. A continuación, te damos nuestra opinión jurídica de lo que comentas:

      Las alegaciones que realizas respecto a la debilidad de los controles internos por parte de una entidad bancaria, podrían constituir un argumento jurídico adecuado para reclamar a dicha entidad una responsabilidad civil, por los daños y perjuicios derivados al usuario como consecuencia del uso fraudulento de tarjetas de crédito por terceras personas.

      Pero no puede ser el argumento para imputar a dicha entidad bancaria una responsabilidad penal, que implica la imputación de la autoría de unos hechos a un sujeto responsable de los mismos, bien a título de dolo, o bien, por imprudencia. Por lo tanto, la falta de medidas de seguridad de una entidad bancaria en modo alguno la convierten en responsable penal de la acción delictiva, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda asumir como consecuencia de la prestación defectuosa de un determinado servicio bancario.

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